Y. P. E. / Burgos
El Pleno de la Diputación logró «unir voces» para mostrar su apoyo al proyecto de la Terminal Logística Ferroportuaria (Telof) de Pancorbo e iniciar una acción conjunta con respecto a preservar los intereses públicos en el proyecto de Pancorbo». La propuesta fue presentada por UPyD quien solicitó «instar a la Junta de Castilla y León a que adopte un compromiso de apoyo integral» que incluya medidas económicas para la instalación del Puerto Seco de Bilbao en Pancorbo. Junto a esta petición la formación magenta solicitaba que el Ministerio de Fomento, la Junta de Castilla y León y la Diputación de Burgos defiendan conjuntamente este proyecto para evitar «la reevaluación a la baja» de la inversión prevista y aprobada en 2010.
El portavoz del equipo de Gobierno, Borja Suárez, mostró su apoyo a esta moción, al igual que el grupo Socialista. Suárez dijo que ante el fallo de la Audiencia Nacional que desestima el recurso de la UTE formada por Tecsa y Amenabar contra la adjudicación a la también UTE integrada por Comsa y Cycasa Canteras y Construcciones de los trabajos de la conexión ferroviaria de la Terminal Logística Ferroportuaria (Telof) de Pancorbo, era importante que existiera «una sola voz para que no haya replanteamientos ni en la primera fase ni en la segunda fase».
Consideró que las administraciones «deben ir en una misma línea» sin caer en injerencias políticas para que la Telof sea una realidad en Pancorbo. Suárez quiso, no obstante, matizar la proposición de la portavoz de UPyD, Rosario Pérez, incidiendo en que la Junta de Castilla y León «lleva años apoyando este proyecto» que ya se ha licitado y ha tenido «inversiones notables» como fueron el paso elevado o el proyecto de la depuradora, por lo que sugirió a Pérez «actualizar la moción». E insistió en que «el riesgo es que no se inicien las obras con carácter inmediato».
Por su parte, el portavoz del PSOE, José María Jiménez, consideró que el verdadero problema del Puerto Seco es «la presión política» por parte del PNV y del PP de Álava que intentan que Pancorbo no tenga esta infraestructura. Por lo que considera que el fallo de la Audiencia Nacional «no tiene nada que ver» y cree que la «obligación» del presidente de la Diputación es reunirse con las autoridades del País Vasco y el presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao.
Tasas de las residencias
El Pleno de la Diputación no logró sin embargo consenso en otros puntos del orden del día. Uno de los que más debate generó fue la proposición presentada por el grupo Socialista con respecto a las tasas de las residencias de ancianos. El portavoz del PSOE, José María Jiménez, incidió en que el incremento de las tasas que repercute en los usuarios supone un 50% más y solicitó la rectificación de esa ordenanza adaptando su precio público a la subida del IPC. Jiménez denunció que con esta subida la Diputación pretende recaudar 700.000 euros que podrían recuperarse si no se realizara la Vuelta a Burgos o no se «derrochara» en gastos como publicidad o promoción. El portavoz del equipo de Gobierno, Borja Suárez, tildó el discurso de Jiménez de «demagogo» e incidió en que la gestión de las residencias suponen un gasto de 25 millones de euros de los que 18 debe asumir la Diputación y defendió la calidad del servicio. Suárez recordó a Jiménez que el 12 de octubre aprobaron esta subida que ahora rechazaba.
Jiménez se ratificó en esa aprobación de la que se mostró «orgulloso» porque «siete votos» lograran que la Diputación rectificara su intención inicial de incrementar la tasa en un 100%.
Al Pleno acudió un grupo de usuarios de las residencias de ancianos para mostrar su disconformidad con las tasas. El presidente de la Diputación, César Rico, tuvo que solicitar silencio pues los usuarios contestaron al Pleno la «injusticia» que suponían estas tasas y denunciaron el descenso de la calidad del servicio.
En referencia a la visita de este grupo, Jiménez mostró su indignación por que hubiera acudido la Policía Nacional a las puertas de la Diputación y exigió una comisión de investigación para aclarar qué funcionario había llamado a la Policía y quién les había indicado que no podían entrar al Pleno.
El Correo de Burgos